Sobra evidencia física de que la Ley Ómnibus se redactó, casí en su totalidad, en estudios de abogados laboralistas y de contaduría vinculados al poder económico, pero en paralelo y de manera menos evidente el Poder Ejecutivo fue intrusado, con anuencia oficial, por operadores de empresas que circulan por pasillos y despachos oficiales como pocas veces se vio en la historia. Hay hechos más o menos recientes que muestran, además, que la circulación de operadores, lobistas y facilitadores de negocios, responde más que nada a la gestión de empresas mineras y energéticas interesadas en los beneficios obscenos que otorga el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Todas esas movidas y operaciones tienen hoy, al calor del debate del asunto en el Senado, una significación muy relevante. La foto de hoy es la de un Gobierno con un contacto más que estrecho con capitales extranjeros, a los que les otorga favores como retenciones cero, libre disponibilidad de divisas, giro de dividendos y no obligatoriedad de comprar insumos nacionales a cambio de dólares; mientras ahoga a la industria nacional y la condena a una crisis aún peor que la actual si es que se aprueba el RIGI tal y como está.
Ex mano derecha y jefe de Gabinete del ex presidente español, Alcayde Fort preside el Instituto Atlántico de Gobierno -una símil escuela que oficia como organización de lobby- y suele acompañar a Aznar en acciones de influencia globales, como su paso por Chile para lobear a favor del cigarrillo electrónico de varias tabacaleras. Pero Alcayde Fort cumple hoy un rol central: es consejero de Hidrógeno Verde Renovable, una empresa multinacional española con interés en ese recurso. Curiosamente, junto a minería y energía, ese rubro es uno de los más señalados como “entrables” con inversión bajo el Régimen RIGI.
Según supo Página I12, en la charla con Milei, Aznar mencionó otros países con regímenes de fomento inversor y hasta le sugirió acelerar la norma RIGI. Personalmente, el ex presidente español también tiene relación con energéticas y mineras. En 2011, la española Endesa, entonces dueña de Edesur, lo contrató para hacer lobby para subir las tarifas. Y en 2017 fue él quien se reunió con Mauricio Macri para pedirle favores para inversiones de la Barrick Gold.
Por otro lado pero en la misma sintonía, Robert Mc Ewen, de Goldcorp y dueño de Mc Ewen Copper, está al frente del proyecto minero Los Azules, en San Juan. Hace unas horas, quien es uno de los 100 canadienses más ricos del mundo, elogió al Presidente argentino al decir que “soy fanático de Milei”. En la presentación de los resultados operativos de su empresa, blanqueó que viene teniendo, desde enero, una serie de reuniones con Milei, y contó cosas de esas charlas, entre ellas recomendaciones de medidas para atraer grandes capitales. Casi una conversación “a la carta” sobre el RIGI. Es lógico: Los Azules y Mc Ewen están entre los primeros en la lista para entrar al plan de beneficios que otorga el RIGI.
“Es necesario que lleguen inversiones de Glencore, Río Tinto, BHP, que van a incursionar en litio y cobre”, dijo días atrás el titular de la Cámara Argentina de Minería (CAEM), Roberto Cacciola, en un evento público. Todas esas empresas que nombró, no por azar, tienen terminales directas con el Gobierno de Javier Milei y estuvieron en reuniones muy importantes en la Casa de gobierno en tiempos de debate de la Ley y de los beneficios del RIGI.
El caso de Río Tinto es grotesco. Federico Sturzenegger, el asesor en Desregulación de la Economía y autor del DNU, tiene un asesor, Shunko Rojas, que es funcionario y, a la vez, representante de la minera europea Río Tinto. “Es un lobista del tema litio, quiere que esa empresa entre al RIGI”, contó alguien que lo conoce bien a Rojas, de los años de funcionario de Comercio Exterior en el macrismo. El 6 de febrero, la minera Río Tinto tuvo una audiencia con José Ignacio García Hamilton, secretario de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. Esa reunión la pidió el propio Shunko Rojas, que en el registro de reuniones figura en el doble rol de asesor en desregulación y solicitante por parte de la empresa Río Tinto. Él mismo participó de ese mitín, junto a dos funcionarios de la minera.
Un dato extra: el canadiense Mc Ewen, mencionado anteriormente en este artículo por sus reuniones y elogios a Milei, quiere para entrar al RIGI una sociedad de capitales con otras empresas, entre ellas Río Tinto, la minera que tiene como operador al funcionario Shunko Rojas, que trabaja a la vez como funcionario nacional junto a Sturzenegger, en la desregulación de la economía.
Con menos impunidad, pero igual poder de lobby, Glencore -otra de las que opera para entrar al RIGI y que fue mencionada por el presidente de la cámara minera- tuvo una reunión el 21 de marzo, en Casa Rosada, con Javier Lanari, el segundo del vocero presidencial, Manuel Adorni. Por la empresa participó Juan Luis Donicelli, el Manager General de Legales de la minera. En ese encuentro se habló de los beneficios fiscales para la instalación de dos proyectos, El Pachón y Proyecto MARA, dos emprendimientos mineros de cobre en San Juan y cobre, molibdeno, oro y plata en Catamarca, respectivamente. Esos dos son los que hoy pugnan por la aprobación urgente del RIGI, que a las mineras les da, entre muchos otros beneficios, libre flujo de divisas y retenciones cero a las exportaciones.
El Estudio de abogados Marval O´Farrel es uno de los que puso especialistas a armar el DNU de desregulación económica de Sturzenegger y la Ley Ómnibus, y tiene una división de asesoramiento a mineras, muchas de las cuáles quieren los beneficios del RIGI. Luis Lucero, el actual secretario de Minería, es un pupilo del ministro de Economía, Luis Caputo, y viene de trabajar en Marval. En su CV figura el rol de director e integrante de comisiones fiscalizadoras de empresas mineras y de gas. “Hoy, Lucero es uno de los que más empuja el RIGI y el que convence a las empresas de que los beneficios van a estar”, contó a este diario alguien que lo frecuenta y es de la actividad privada.
