"Pensábamos que a ella nunca le iba a pasar".
Quien habla es Betty Vásquez, amiga y compañera de Berta Cáceres, ambientalista hondureña cuyo asesinato, el pasado jueves, causó conmoción dentro y fuera de Honduras.
Vásquez, voluntaria y coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, está "dolida". Y a la tristeza por la muerte de Berta, se suma la sensación de vulnerabilidad.
Nada protegió a Cáceres, dice Vásquez: ni su "perfil alto" internacional, ni las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni el esperable impacto mediático y sobre la imagen del país que podría tener su muerte.
Y su caso ha vuelto a poner el foco sobre un problema persistente en Honduras:los peligros a los que se exponen los activistas por el medio ambiente y la tierra.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández condenó el crimen y lo calificó de acto "abominable y deleznable".
Pero la familia de la fallecida, en un gesto que demuestra la profunda desconfianza que existe entre activistas y gobierno, pidió una investigación internacional del caso y calificó el asesinato de "crimen político".
La viceministra de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos de Honduras, Karla Cueva, le dijo a BBC Mundo que el Estado hondureño "reitera su compromiso de responsabilidad y seriedad" para aplicar las medidas de protección necesarias y "contribuir en la búsqueda de la verdad en este caso".
Y recordó que el gobierno solicitó el acompañamiento en el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Pero la desconfianza va más allá de la muerte de Cáceres.
El "más mortal del mundo"
Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con base en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.
Según esta organización, Honduras es "el país más mortal del mundo" para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.
Y es especialmente peligroso para los indígenas: de los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.