En particular, el despidos de trabajadores y trabajadoras de sitios de memoria significan un avance en la desarticulación de las políticas de verdad, justicia y memoria que son parte de los deberes del Estado en materia de reparación, ya que fue el responsable directo de miles de crímenes de lesa humanidad que dejaron el saldo de más de 30.000 víctimas de desaparición forzada, torturas, prisión política, exilio, desplazamientos forzados internos y cesantías.

Los sitios de memoria son parte de estas políticas que buscan la garantía de no repetición de hechos atroces. Son prueba material de lo ocurrido, una reparación simbólica a las víctimas y lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y la democracia.

La ley nacional 26.691 obliga al Estado a preservar “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”. En igual sentido lo señala la resolución 3/2019 “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas” dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los despidos progresivos son una estrategia sostenida en la negación de los deberes básicos del estado de derecho. El gobierno nacional incumple con la Constitución nacional y las leyes vigentes, con total desprecio a los principios republicanos de gobierno y afectando severamente la democracia.

Es indispensable que los distintos sectores políticos y sociales, legisladores y jueces pongan freno a estas políticas antidemocráticas, se reviertan los despidos y se garantice la continuidad y estabilidad de todas y todos los trabajadores y trabajadoras.

fuente: Comisión Provincial por la Memoira 2-6-24