Kueider llegó al Senado en la boleta de Unión por la Patria, igual que su colega Carlos Camau Espínola. El bloque se opuso a la ley Bases que flexibiliza las relaciones laborales y establece las bases para la privatización de empresas del Estado. En un cambio abrupto de posición, ambos legisladores votaron a favor del oficialismo, se separaron del bloque y comenzaron a funcionar como fuerza propia de los libertarios. El gobierno tiene una fuerza legislativa reducida, pese a lo cual ha conseguido votaciones favorables para leyes estratégicas como la ley Bases al atraer votos de legisladores de fuerzas provinciales, del PRO, radicales o de la Coalición Cívica y del peronismo. La sospecha de la existencia de un mecanismo de corrupción para la compra de votos hace mucho que ronda el Congreso.
Cuando asumió en el PJ, Cristina Kirchner recordó las irregularidades que se produjeron “siempre que se votaban leyes antipopulares”, como el asesinato del senador Enzo Bordabehere en los años ’30 del siglo pasado, cuando se discutía el Tratado Roca-Runciman: el diputrucho durante la privatización de Gas del Estado en el menemismo o el escándalo de la “Ley Banelco”, durante el debate de la flexibilización laboral, en el gobierno de Fernando de la Rua. La ley Bases se votó en junio y pocos meses después el senador fue detenido en condición de delito infraganti en la triple Frontera. La situación de Kueider se volvió insostenible. El peronismo y sus aliados exigieron que se convocara a una sesión para expulsarlo. Sus aliados del oficialismo intentaron evitar la convocatoria a sesiones en el Senado, pero el caso de corrupción flagrante se les convirtió en una pelota caliente: cualquier esfuerzo que hicieran para preservarlo los embarraba. No tenían punto intermedio.
Primero quisieron mantener cerrado el Congreso. No funcionó. Mauricio Macri anunció que daría quórum, lo que decidió al oficialismo a aceptar el debate. Y junto con el PRO quisieron embarrar la sesión. Trataron de equiparar la situación de Kueider con la del senador peronista Oscar Parrilli. La mugre de ese mecanismo resultó evidente. Parrilli está acusado en una causa por el memorándum con Irán en la que ni siquiera existe delito.
La desesperación por arrastrar al peronismo a este escándalo de corrupción causado por un senador oficialista confluyó con la reapertura de causas judiciales contra Cristina Kirchner. La cronología de cómo se produjo la reapertura de estas causas contra la ex presidenta resultó delatora porque fue justo cuando Cristina Kirchner regresó a la escena política y asumió la presidencia del PJ. La causa del Memorándum ya había sido rechazada en tres instancias y Cristina Kirchner sobreseída, pero la Corte ordenó igual que vaya a juicio oral.
Equiparar una causa como la del memorándum que es puramente política, con la de un senador que fue sorprendido y encarcelado en un país vecino por contrabando y evasión demostró la inmundicia que involucró este episodio. La campaña mediática se hizo cómplice de esta jugada. Los medios hegemónicos pegaron el nombre de Parrilli al de Kueider en los titulares previos al debate. Y luego dijeron que “tras expulsar a Kueider, el Senado decidió no suspender a Parrilli”.
La maniobra fue urdida por el ex presidente Mauricio Macri, que tiene gran cantidad de causas abiertas por corrupción, como la del Correo, que ya lleva 20 años sin que los jueces se expidan. La idea de Macri, además de asociar al peronismo al escándalo, fue proteger a Kueider con una propuesta de suspensión para dilatar los tiempos.
En ese lapso explotaron dos temas de corrupción. Uno relacionado con Juan Pazo, un hombre de confianza del ministro de Economía, Toto Caputo, quien fue designado al frente de ARCA, el organismo de recaudación de impuestos. Pazo tiene una empresa en sociedad con Caputo, relacionada con el negocio de los chips de trazabilidad para el ganado, que lo pondría de los dos lados del mostrador. Hace un año que asumió y todavía no presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El diputado Rodolfo Tailhade hizo una denuncia donde lo señalaba en posesión de un departamento de 600 mil dólares en Miami y cuentas off shore que no habría declarado.
La periodista Emilia Delfino dio cuenta a su vez de una información que surgió del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística que motivó una denuncia por enriquecimiento ilícito a Cristian Ritondo y su esposa Romina Diago. La denuncia enumera departamentos en Miami y cuentas off shore que involucran cifras que rondan los dos millones y medio de dólares.
Y sobre llovido, mojado, porque al mismo tiempo la jueza federal Sandra Arroyo Salgado reavivó una causa por enriquecimiento ilícito contra Kueider. Todos esos elementos sumados no dejaban al oficialismo ni al PRO el mínimo resquicio para defender a Kueider. Igual trataron de hacerlo en forma indirecta, pero en público estuvieron obligados a denostarlo.
Cuando quedó en el temario la propuesta de expulsión planteada por el peronismo, oponerse a ella para reemplazarla por la suspensión hubiera mostrado al oficialismo y sus aliados en abierta defensa de Kueider y la corrupción. La secuencia que había empezado Kueider cuando abandonó el bloque de Unión por la Patria y culminó con su detención en Paraguay, generó una inercia que el oficialismo no pudo frenar.
Aunque la justicia sea leve con él en Paraguay, porque los cargos en su contra no prevén más de tres años de prisión, Kueider no tiene retorno a la política en Argentina. Tendrá consuelo con la fortuna que supo hacer gracias a la política. Pero es probable que le resulte molesto haber sido expulsado por sus propios aliados. Hubiera esperado la reacción de sus compañeros del peronismo, pero no la de los aliados que lo convencieron de darse vuelta y ahora lo expulsaron sin defenderlo.
Ya expulsado, sorprendió la sobreactuación de Javier Milei, quien responsabilizó a su vice Victoria Villarruel por la expulsión de su aliado. Y Macri se preocupó por sacar un comunicado para aclarar que el PRO en ningún momento se planteó la expulsión y que en todo momento quiso darle tiempo para que se defienda. Podría decirse que hay hasta desesperación en ambas movidas que los vuelven a hermanar con la corrupción que representa Kueider a nivel público.
Hay un tema de fondo que es la ley Bases, sobre la cual Milei instaló su plataforma de gobierno. El Círculo Rojo la defiende a capa y espada. Sin embargo, sobre la base de la situación del ex senador en Paraguay y del proceso por enriquecimiento ilícito que cursa la jueza Arroyo Salgado, el peronismo pidió que se investigue el proceso de aprobación de esta ley. Si se descubre la compra de votos, la ley Bases caería, con lo cual se desplomaría gran parte de las medidas del gobierno junto con su credibilidad.
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