Mientras pregona que viene a imponer una “memoria completa” de lo sucedido en el país, el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estiman que más de 600 familias se verían afectadas por los anuncios de despidos o desvinculaciones y que los espacios de memoria quedarían imposibilitados de funcionar como tales. Organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales convocan para este viernes a las 17 a un abrazo al Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y donde la SDH tiene su sede desde hace nueve años.

“Todas, todos, todes estamos llamando a un abrazo simbólico para denunciar lo que este gobierno inhumano está haciendo. Es puro sadismo en esta época del año”, dice Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, que pide que quienes se acerquen hasta Avenida del Libertador al 8100 lo hagan con un pañuelo para que el acto se convierta en un pañuelazo contra la impunidad y el negacionismo –como se hizo en mayo de 2017 contra el fallo de la Corte Suprema que habilitaba el beneficio del 2x1 para los represores de la última dictadura. “En el pañuelo blanco están los 30.000 detenidos-desaparecidos diciendo presente. Con silla de ruedas o sin silla de ruedas estaremos las locas, que seguimos de pie y demostrando que no nos han vencido”, resalta.

La situación que se vive en la SDH, por estas horas, es de total agobio e incertidumbre. Desde octubre, el Ministerio de Justicia –que conduce Mariano Cúneo Libarona– anunció un plan de retiros para 2231 trabajadores y trabajadoras que están contratados bajo el ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El plan no garantiza la continuidad de aquellos que no adhieran al retiro. Si no aceptan, los amenazan con que serán despedidos sin derecho a indemnización.

Cúneo Libarona designó al frente de la SDH a Alberto Baños, un juez nacional que se jubiló en medio de la no-investigación de la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan. Desde que llegó al organismo, Baños se dedicó a reducirlo. En diciembre del año pasado, la SDH tenía una planta que superaba los 1000 trabajadores y trabajadoras. En la actualidad, no llegan a 800. En total, en el Ministerio de Justicia –que incluye a la SDH– se despidieron 387 hasta noviembre, según informó el gobierno en un expediente judicial.

La SDH viene siendo sacudida con olas de despidos desde principios de año. Hay trabajadores que fueron despedidos, reincorporados y vueltos a despedir. Casi 400 personas –la mitad de la planta de la SDH– tienen contratos ACARA y, por ende, pueden ser despedidas si no se plegaron al retiro voluntario. Desde ATE estiman que otras 200 personas verán su salario reducido entre un 50 y un 70 por ciento. El lunes 23 –antes del asueto por Nochebuena y Navidad–, autoridades del Ministerio de Justicia hicieron saber que Cúneo Libarona no pensaba renovar las contrataciones de quienes están en planta transitoria.

En las últimas horas circuló un audio del abogado Ciro Annicchiarico, que está en la SDH desde hace 21 años, en el que relata el hostigamiento que están sufriendo quienes, a su decir, le ponen “militancia y profesión al objetivo de memoria, verdad y justicia”.

La caracterización que hacen desde el gremio es muy similar. “Desde el sindicato estamos denunciando el vaciamiento de la SDH y del Ministerio de Justicia. No solo están echando a los trabajadores sino que tampoco hay ya políticas de derechos humanos”, dice Octavio “Pilo” Rampoldi, delegado de ATE y trabajador del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

Todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos se ven afectadas con los despidos. En los sitios de memoria faltan trabajadores para llevar adelante las tareas de conservación, preservación, educación, investigación e incluso limpieza. De hecho, el 9 de diciembre pasado un grupo de jueces y fiscales –convocados por el camarista Alejandro Slokar– visitó el excentro clandestino de detención, tortura y exterminio “Olimpo” como gesto contra la avanzada negacionista y para refrendar el compromiso de la judicatura con el proceso de verdad y justicia.

Mientras se avanza con el desguace de la SDH, Baños se mantiene en silencio. Este jueves hubo una asamblea masiva. Después de esa reunión, trabajadores y referentes sindicales fueron a golpear la puerta para que el secretario los recibiera. Consiguieron que Alejandro Urroz, un funcionario que no tiene designación, los escuchara. “Si no estás satisfecho con esto, andate de este gobierno de mierda”, lo apuró Daniel “Tano” Catalano, secretario general de ATE Capital. Baños, que no estaba en su lugar de trabajo, se comprometió a recibir a los delegados este viernes a las 11 de la mañana, posiblemente para descomprimir la situación antes del abrazo al predio donde funcionó el campo de concentración de la ESMA.

“En la SDH no sobran trabajadores. Los que sobran son el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”, afirma Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Montenegro, una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, fue una de las impulsoras del abrazo –una iniciativa que empezó a cobrar fuerza después del acto que se hizo la semana pasada en la sede del Ministerio de Justicia en la calle Sarmiento.

“El abrazo que estamos convocando tiene que ser muy masivo porque estamos ante un ataque enorme a las políticas de memoria, verdad y justicia –opina la exlegisladora del FIT Alejandrina Barry. Detrás de estos despidos, hay un plan de impunidad. El gobierno de Milei y Victoria Villarruel intentó la impunidad de los genocidas, visitándolos en la cárcel. Por eso tenemos que ser miles, rodear a los trabajadores de solidaridad e impedir que esta política negacionista avance”.

Más de 50 espacios de memoria y organizaciones de derechos humanos expresaron su repudio al desmantelamiento. Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que Milei y Villarruel están destruyendo la SDH. “El motivo real del desmantelamiento es político y va desde la crueldad del despido a lo funcional para el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado”, señalaron. En verdad, el pedido de cerrar la SDH se formuló a finales del año pasado y provino de la Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), uno de los grupos que impulsó el hábeas corpus para buscar que los represores volvieran a sus casas.

La semana pasada también hubo una declaración de organismos de derechos humanos en la que afirmaban que “continuar violentando los derechos laborales y las políticas de memoria constituyen delitos gravísimos, pasibles de ser considerados incumplimiento de deberes de funcionario público y por los cuales ministros y secretarios deberán responder tanto en el nivel local como internacional”.

Los despidos en el Ministerio de Justicia ya tienen su correlato en el Poder Judicial. ATE pidió una cautelar, que no fue concedida. Sin embargo, el juez Juan Carlos Cerutti ratificó que el fuero laboral es competente para entender en el planteo y le encomendó al gremio informar en los próximos 30 días la situación de las desvinculaciones anunciadas por Cúneo Libarona a través de resoluciones ministeriales y de comunicados en los que se jactaba de estar pasando la motosierra sobre el ministerio.

Además, el magistrado llamó a la conformación de una mesa de diálogo en la que deberán sentarse las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Trabajo y ATE con miras al “cuidado del diálogo y la paz social”.