“Vemos un gran acompañamiento social, una sociedad que se organiza en distintos lugares a través de las Multisectoriales, las pymes a través de su organizaciones, en los clubes de barrio, en fin, diversos espacios, donde se van juntando, generando colectivos que se hacen sentir, como hoy por ejemplo, tenemos la Marcha Federal con una gran cantidad de asistentes, como muchas otras marchas, bocinazos, estos son datos realmente positivo, esto incide sobre las instituciones, estoy seguro también tuvo que ver con el fallo de la Corte Suprema de la Nación.

El problema de las tarifas se vinculó en un primer momento con la falta de información, este fue el origen, creo que el Poder Ejecutivo Nacional apostó al hecho consumado dijo: “aumentamos las tarifas, total, pasa desapercibido, una medida más, la gente lo va a comprender…” y bueno resultó que muchos no lo pudieron pagar, inmediatamente que empezaron a llegar las facturas con aumento se generaron muchísimos problemas y no se tuvo conciencia de los efectos que esto podría producir, porque el origen digo, es la falta de información pero responde en la concepción político-ideológica. Este es un gobierno de corte liberal y para los gobiernos liberales, todo lo que sea subsidio es una distorsión de las leyes del mercado, de oferta y demanda, dar planes sociales, es decir, subsidiar a los que no tienen trabajo o subsidiar las tarifas, son distorsiones del mercado, por eso hablan de sinceramiento. Sincerar, es dejar que las reglas del mercado determinen los valores, los precios, y el que no pueda pagarlo, bueno, allá él, no se hacen cargo de las consecuencias. Esto ya lo vivimos en otros tiempos y es perjudicial, no sólo para los hogares, muchas familias que no podían pagar el aumento en las tarifas en su conjunto, sino fundamentalmente, el derecho al trabajo, porque esta medida, el tener tarifas bajas permitía, más allá de tener que hacer arreglos, ajustes, esto nadie lo discute, todo es perfectible, pero el problema es que muchas actividades subsisten porque existen tarifas bajas, las fábricas recuperadas, las cooperativas, el pequeño comerciante, las pymes, y son las pymes en su conjunto que le dan el 80% de ocupación a la población económicamente activa y esta dimensión es, creo yo, la más importante del aumento de tarifas, además de la familiar.  Esto se vincula con la necesidad de lograr mayor índice de desocupación para presionar el salario hacia abajo, porque insertar y hacer competitiva a Argentina en el mundo en términos liberales, es tener salarios bajos como otros países de América Latina. Esto se logra con desocupación, porque al tener diez personas reclamando trabajo siempre va a haber uno dispuesto a hacerlo por menos valor que el otro. Tener un salario bajo genera, para esta concepción, oportunidades para los inversores e inversiones que nunca llegan, esto está demostrado. Entonces creo que esto hay que comprender lo  de las tarifas desde ese concepto ideológico-político, pero además desde el punto de vista específico de la tarifa lo que se hizo es, además de lesionar derechos fundamentales que la Corte se encargó de poner en claro, violaron derechos específicos de usuarios y consumidores, como es el derecho a la información y la participación, apostaron al hecho consumado y es ahí donde se empiezan a generar los problemas.

Ahora la falta de información puso en evidencia también muchas otras cuestiones, por ejemplo, el precio del gas en boca de pozo, que tiene una incidencia cercana al 70% en la tarifa global, o sea, pagar mayor valor en boca de pozo, da como resultado un aumento desmesurado en las facturas que Uds. reciben en sus casas. Argentina dejó de comprarle gas a Bolivia a 3,50 dólares aproximadamente y empezó a compararle al doble, a 7 dólares a Chile, el gobierno argentino dijo que lo hacía porque el gobierno boliviano  no estaba en condiciones de abastecer la demanda de gas a Argentina, el gobierno boliviano lo desmintió, entonces ¿cuál era la razón? Inmediatamente se empieza a conocer y a divulgar que quien opera la comercialización del gas en Chile, la British Gas, es una subsidiaria de la Shell,  de la cual el propio ministro Aranguren es accionista y Aranguren no puede ser ministro, esto es lo que hay que dejar en claro, porque hay una incompatibilidad, esto que sería un escándalo en cualquier país del mundo, aquí en Argentina ha pasado totalmente desapercibido, esta incompatibilidad de la Ley de Ética Pública, que algunos han puesto de manifiesto pero los medios lo han naturalizado, es muy grave, y creo tiene que ver también con la falta de información. Todavía el ministro Aranguren no ha explicado el porqué compramos el gas más caro a Chile y cuando fue citado a la Cámara de Diputados de la Nación y se le preguntó concretamente, dijo no lo puedo responder. Pero ahora a partir del fallo de la Corte de la Nación lo va a tener que hacer. ¿Por qué ellos no daban información? Porque decían que no era servicio público, el servicio público es el transporte y la distribución y es verdad, el marco regulatorio no lo incluye al gas en boca de pozo como un servicio público, pero hay un Decreto que regula ese valor, y por eso la Corte dijo no está liberado al libre mercado, sino que es servicio público también y Uds. están obligados a dar información al respecto y tampoco han dado respuesta y han convocado a audiencia pública sin dar información y sin información ¿a qué vamos a ir a una audiencia pública? Salvo que informen en la audiencia pública, lo cual no sería adecuado, porque no quedarían en igualdad de condiciones los usuarios con las empresas y el Estado, la información tiene que ser previa, sobre todo cuando son complejas. La cuestión es que todavía no sabemos por qué sucedió esto y además siendo que tiene un gran impacto sobre la tarifa global del gas y no solamente de éste sino también en la electricidad, porque el 60% de la generación de energía eléctrica se produce con hidrocarburos, con gas.  Más allá de que sea servicio público o no la información siempre hay que darla, todas las acciones del gobierno están alcanzadas por el principio de publicidad de acciones del gobierno, principio capital del republicanismo, porque el gobierno administra bienes públicos, información pública, la información es de todos nosotros, no del gobierno. Y llegamos a esta instancia Corte de por medio pero sin información, y en este punto es fundamental, es clave. El derecho a la participación y a la información se violó, pero también otros derechos fundamentales como el derecho a la vivienda. (…)

Si las cuentas no cierran porque la ecuación económico-financiera del servicio da una tarifa muy alta y no se puede pagar, hay que subsidiarlo, pero claro, para el gobierno es una distorsión. Argentina en el año 2015, según un informe del Banco Mundial, subsidió  menos los servicios públicos que Chile y que Estados Unidos, que no son países estatistas precisamente, porque el subsidio es una herramienta, una política de Estado para proteger a los  más débiles del sistema, a las personas, a los emprendimientos más débiles y para proteger derechos,  el trabajo, el salario, el derecho a la vivienda. Por eso es importante el fallo de la Corte, porque abordó todas las cuestiones, incluso ésta, citó este instrumento internacional, estableció que era parte el derecho a la vivienda y habló de tarifas no confiscatorias, fíjense Uds. qué importante este fallo. (…)

Con la audiencia pública pretendieron convalidar un aumento desde febrero, cuando la audiencia pública como tiene que ser previa nunca puede ser retroactiva, es decir, después de la audiencia pública debieron dictar una resolución estableciendo el aumento. ¿Qué se hizo a cambio de eso? La empresa cobró todo, es más, se apura a cobrar, está cortando el servicio en todos lados, las empresas,  las cooperativas también, mandas facturas con aviso de corte ¿por qué? ellos saben que tarde o temprano van a tener que devolver todo pero ¿qué ocurren? Recaudan, recaudan con una tasa del 35% anual, ese dinero puesto a plazo fijo ¿saben la suma que da? Es decir, hay un negocio financiero de por medio, después van a devolver a valor nominal, si es que devuelven. Nosotros con ABSA dos años y medio después de iniciada la acción con la sentencia de la Corte de por medio, todavía no devolvieron un centavo, no sólo eso, aumentaron la tarifa, hicieron lo que quisieron, como están haciendo ahora las empresas también, no dictaron una nueva resolución después de la audiencia pública, lo que hubo es, siguieron cobrando el aumento, cobraron el retroactivo y después, como ya la cosa era muy evidente, dijeron que iban a cumplir con el fallo no cobran el aumento de CAMESA que nunca pagaron, además las empresas pagaron los primeros meses  y no pagaron más a partir de junio donde hubo una resolución mía, antes de la Cámara Federal, que suspendió esa tarifa y ahora dicen el aumento de CAMESA no pero el resto de los valores que integran el aumento de la tarifa, por costos operativos, esto sí lo cobramos. Acá no omito opinión porque esto puede ser judicializado, pero ¿puede un organismo mediante una resolución ir en contra de una resolución  ministerial? Ahora tenemos una resolución de un organismo de control y la resolución del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la 22, entonces se genera cierta confusión al respecto. ¿Tiene facultades el organismo de contralor para decidir qué es lo que se cobro o no? ¿Tienen potestad tarifaria? Lo dejo ahí planteado. Los aumentos se siguen cobrando, incluso con la resolución de OCEBA que excluye el aumento de CAMESA, que es quien le provee la energía a la distribuidora, algunas, aparentemente estarían cobrando todo íntegramente, o sea, que ni siquiera están cumpliendo con la resolución esa del OCEBA. Y lo hacen porque tienen una vinculación monopólica con los usuarios, es un monopolio, no es como las empresas de teléfonos celulares, que si a uno no le gusta una compañía pueden cambiarla, entonces ellos avanzan y si no pagás te cortamos el servicio, tienen el aval del poder político, del OCEBA y de los ministros. ¿Qué oponer frente a eso? ¿Qué hacer? Nuestra situación de facto, porque es como un gobierno de facto el de las empresas, están por encima de las leyes, las sentencias, es un poder de facto. Yo creo que la solución es una fuerte organización de la sociedad. Lo que pasó hoy en la plaza, esto de reunirse, de marchar, de organizarse, de juntarse, es la mejor manera de revertirlo, no nos bastan las decisiones judiciales. Yo siempre digo, pongo un barquito de papel sobre el agua y que llegue a destino depende de que alguien lo sople y eso hay que hacer, soplar, soplar y no dejar de soplar. Muchas gracias."