El problema es que, en términos judiciales, nadie puede borrar con el codo lo que firmó con la mano; al menos, sin pagar las consecuencias por ello. Y el ministro Aguad firmó ese contrato que fue girado a la respectiva cámara judicial para que lo homologue.

Al tratarse de un pacto entre partes, puede que el juez termine homologando el acuerdo o considerando que hubo fraude en la propuesta que debe, finalmente, aceptar o rechazar, pero no establecer nuevos términos para el acuerdo. Eventualmente, puede establecer mayores plazos para mejorar la oferta.

Y puede que el deudor (el Grupo Macri, en este caso) quiera hacer valer lo firmado y acordado, por lo que el Estado, de la mano de Aguad, tampoco podrá alegar ante la justicia su propia torpeza, como indica un principio general. Puede que alcance para el macrismo llamar “error” a un acto de gobierno, pero nada es tan sencillo.

Es decir que el “error” macrista, torpeza o avivada –como quiera llamárselo– tendrá eventualmente un costo a afrontar, porque en este caso nada puede retrotraerse a “foja cero” sino con la anuencia del Correo, es decir, de la familia Macri.